El Parlamento guatemalteco revivió la condena de muerte, suspendida durante seis años por un conflicto de interpretación legal, para poner freno a la violencia que ha hecho de este país uno de los más inseguros de América Latina.
La Ley Reguladora de la Conmutación de la Pena para los Condenados a Muerte fue promovida por el opositor derechista Partido Patriota (PP), con el objetivo de reducir los altos niveles de violencia que, según datos oficiales, a diario se cobra la vida de 16 personas.
Esas cifras, así como los cerca de 2.386 millones de dólares que cada año le cuestan a Guatemala los hechos de violencia, como mantiene un estudio publicado en 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen de este país el tercero más violento de América Latina, superado solo por Venezuela y El Salvador.
Guatemala, Cuba y Estados Unidos son los únicos países del continente americano que aplican la pena de muerte.
Fuente RPP
El derecho a la vida es propio de toda persona; sin embargo,cuando se atenta contra la vida del otro, la sanción aceptable es la condena a muerte para el asesino. Esta condena deberá ser dictaminada solo cuando existan pruebas fehacientes de la culpa, de lo contrario podría llegarse al gravísimo error de condenar a inocentes.
Entendiendo el carácter irreversible de esta, se requerirá de un proceso judicial limpio, pero allí está el problema. Se adolece de una ética judicial con lo que cualquier condena no siempre es justa. Es innegable además que la condena mortal disminuirá la violencia, aunque es paradójico que se pretenda disminuir la violencia aplicando más violencia, pero esperemos que el que intente delinquir desestime su negativo accionar motivado por la condena.
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