el presidente de la República, Alan García Pérez, rubricó ayer un decreto legislativo que suspende por tiempo indefinido la creación de nuevas facultades, escuelas y filiales de Educación, así como los exámenes de admisión en cursos a distancia y otros programas no regulares en el rubro, en tanto no se establezcan los criterios y estándares de calidad y acreditación requeridos para garantizar su correcto funcionamiento.
Para el anuncio de este reajuste acudieron a Palacio de Gobierno el titular de Educación, José Antonio Chang Escobedo, así como los miembros de los consejos nacionales de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) y de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria (Coneaces), entre otros.
"Actualmente, existen 200 mil maestros sin trabajo, unos 78 mil formándose en instituciones educativas, y alrededor de 100 mil más en las facultades de educación de las universidades y programas a distancia", informó el ministro. Descartó que esta medida constituyera una violación a la autonomía universitaria.
"No es posible que se esté ofreciendo sin mayor exigencia ni severidad títulos "a nombre de la nación" con sistemas donde resulta casi imposible verificar, por ejemplo, la identidad de las personas o la seriedad de sus trabajos", subrayó el presidente García, cuando criticó los cursos de educación a distancia.
Facultades de Educación e institutos pedagógicos deben acreditar qué pueden brindar en la formación de sus estudiantes.
Tomar la decisión de "parar las máquinas" en la formación magisterial es una oportunidad para convocar a la reflexión y el consenso, para renovar voluntades y reinventar instituciones; la responsabilidad es muy grande y hay que hacerlo bien. Fuente: El Comercio
Como maestro, aprecio una intención gubernamental saludable respecto al cuestionamiento de la calidad educativa de los centros superiores que forman profesores. Objetivamente, la realidad peruana es caótica y mediocre. Los responsables de estos centros pedagógicos no son conscientes del grave daño social que provocan al favorecer el egreso de profesores sin una preparación adecuada. Está en juego la educación del Perú; sin embargo, pesa más el fin lucrativo y ambicioso, o sea, el fin pragmático.
Esta ley que restringe principalmente la creación de nuevas facultades deberá ser trabajada con mucho tino, pues la acreditación de qué centro está apto para formar docentes no deberá estar supeditada al soborno o la corrupción que siempre caracteriza al aprismo.
El vetar la proliferación de centros pedagógicos es una contramedida a la política gubernamental anterior y opino que no solo existe excedente en el ámbito de Educación, pues otras carreras deben ser evaluadas del mismo modo, tal es el caso de Derecho e Ingeniería.
También es necesario acabar con la mediocridad de aquellos docentes universitarios y de centros pedagógicos que irresponsablemente cumplen un criticable papel formador. Muchos de estos docentes como es el caso de la UNMSM representan la educación tradicional impositiva a la que se suma la irregularidad de su asistencia al dictado, el paupérrimo nivel académico, el facilismo profesional de solo ser receptores de improvisadas exposiciones de los estudiantes, malos ejemplos de cómo dormir en las aulas o del extremo del descaro al regirse de libros del nivel preuniveristario para el dictado del curso, etc.
El problema de la educación peruana es muy complejo y su solución debe entenderse que sucederá progresivamente, por lo tanto las acciones en pos de solución deben ser parte de un plan general cuya aplicación debe trascender los gobiernos y no que cada presidente descarte lo anterior, destruya las bases y nuevamente las construya como quiera y así nunca se llega a lo concreto.
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